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jueves, 3 de julio de 2014

Discrepancias sobre nuevo código monetario: ¿motor productivo o cuasi-estatizador de la banca?

Rosa Matilde Guerrero, presidente de Finanzas y Cooperativas,
destaca aspectos positivos y negativos del proyecto del gobierno de Ecuador
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(Mundo Microfinanzas) Un cruce de opiniones a favor y en contra ha desatado el proyecto de Código Monetario y Financiero, remitido “con carácter de urgente” por el gobierno ecuatoriano a la Asamblea Nacional unicameral, desde quienes lo defienden como un fundamento para el desarrollo productivo del país hasta quienes lo defenestran como iniciativa que procura consagrar una “cuasi estatización de la banca”.

Para la presidente de la consultora Finanzas y Cooperativas, Rosa Matilde Guerrero, el proyecto contiene elementos positivos y otros “que se alejan de las lecciones aprendidas en otros países”. En contacto con Mundo Microfinanzas, Guerrero destacó el sentido ordenador del proyecto pero alertó que “no es beneficioso confundir la capacidad normativa con la ejecutiva”, por lo que recomendó “esclarecer los alcances y funciones del organismo”.

Tal como fue enviado por el gobierno, el proyecto integra en un solo órgano la regulación monetaria y financiera, actualmente dispersa en varias instituciones. La iniciativa consta de 506 artículos, 13 disposiciones generales, 37 reformatorias y derogatorias, 35 transitorias y 3 finales. Está dividido en tres libros: De los Sistemas Monetario y Financiero; de Régimen de Valores; y de Régimen de Seguros.

A juicio de Guerrero, el ambicioso proyecto contiene como puntos sensibles la gobernabilidad del sector financiero, la instrumentación de la política monetaria (“asunto que en una economía dolarizada por lo menos llama la atención”) y la supervisión del sistema financiero, el mercado de valores, de seguros, la economía popular y solidaria y la banca pública.

La titular de Finanzas y Cooperativas -entidad de servicios a microfinanzas y cooperativas que opera en México, Honduras, Panamá, Guatemala, Ecuador y Colombia- dijo que el capítulo referido a la instrumentación de la política monetaria e inversión de excedentes de liquidez del Banco Central del Ecuador (BCE) resulta algo “contradictorio” en una economía dolarizada, como la de Ecuador.

“La dolarización, como se conoce, es un proceso por el cual un país adopta la moneda estadounidense para usarla en sus transacciones económicas domésticas, y esta moneda es percibida por las personas con todas sus funciones de reserva de valor, unidad de cuenta y medio de pago. Y en una economía dolarizada justamente una de las ‘desventajas’ es la ausencia del prestamista de última instancia, de política monetaria, de administración cambiaria”, señaló Guerrero.

Por otra parte, ella advirtió que algunos de los cambios propuestos por el Ejecutivo podrían debilitar la Red de Seguridad Financiera (RSF), creada en 2008 por la actual gestión de gobierno. En particular puntualizó la coexistencia del fondo de liquidez o prestamista de última instancia (PIU) y el fortalecimiento de los mecanismos de liquidez del BCE, así como la ampliación del plazo del crédito a 360 días que puede dar este PIU.

“Por lecciones aprendidas en otros países, conocemos que algunas de las características de estos PIU son asistir a instituciones financieras solventes y bien administradas; otorgar préstamos de corto o mediano plazo a tasas penalizadas; poner límites a la asistencia usando procedimientos claros y preestablecidos y poseer una capacidad de respuesta rápida y oportuna”, consideró Guerrero.

Finalmente, la experta destacó como un hecho positivo la inclusión de las cooperativas de ahorro y crédito dentro de mecanismos como el Fondo de Liquidez y Seguro de Depósito. No obstante, señaló que hacen falta algunas precisiones sobre inversión de excedentes de liquidez y montos protegidos a los asociados/depositantes “por la relevancia que este sector tiene en los procesos de inclusión financiera a nivel local”.

Un proyecto que divide aguas

Para el presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, Oswaldo Larriva, motorizador del proyecto, los cambios propuestos apuntan a “potenciar la generación de trabajo, la producción de riqueza, su distribución y redistribución”, así como “asegurar que el ejercicio de las actividades monetarias, financieras, de valores y seguros sea consistente e integrado” y contribuya “al cumplimiento del programa económico”.

El ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, resaltó por su parte dos aspectos de la propuesta: el fortalecimiento de control en el sistema financiero y el establecimiento de incentivos a la producción con medidas adecuadas para viabilizar mayores créditos de largo plazo.

Desde una visión opuesta, el presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), César Robalino, dijo que el proyecto es ofensivo para este sector, pues instaura cambios radicales con efectos negativos para la banca, que pueden crear incertidumbre en los mercados y agentes económicos.

Si bien el gobierno plantea la defensa del sistema monetario de la dolarización, el banquero ecuatoriano se manifestó preocupado por la “reducción drástica de la libertad de decisiones que debe tomar el gerente general para evaluar los posibles riesgos de inversión”. “Convertir el servicio bancario privado en servicio público generaría una serie de inconvenientes, pues la banca se debilitaría, porque no van a crecer los patrimonios”, aportó Robalino, quien agregó que “si se aprueba tal como está el proyecto será una cuasi estatización de la banca”.

La Asamblea Nacional continuará en los próximos días con su agenda de consulta a distintos sectores y socialización del proyecto. El pleno del cuerpo legislativo tiene tiempo hasta el 24 de julio para aprobar o rechazar la iniciativa.

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